El presente estudio es una aproximación a las dimensiones y formas del gasto discrecional en Guatemala que ocurren en el marco de la segunda generación de reformas del Estado, impulsadas desde la década de 1990. Se discute el marco normativo, de administración y las relaciones de mercado que ha dado paso a operaciones corruptas –comisiones ilícitas, conflictos de interés, elusión de controles y de rendición de cuentas de los dineros públicos- limitando o anulando los alcances de esas reformas, las cuales justamente buscaban restar poderes discrecionales al poder público, dilatar los espacios del mercado, estimular la competencia, mejorar y ampliar la cobertura de los servicios. De acuerdo a la información disponible, alrededor del 40% del gasto público total es susceptible del poder discrecional de los funcionarios. Eso indica de por sí un problema grave en la supervisión del uso y destino del gasto, con serias consecuencias para el desarrollo y la gobernabilidad. Toda la evidencia indica que el país requiere una reforma estructural que incluya el proceso administrativo, el funcionariado y el sistema de adquisiciones-, además de elevar los estándares de las investigaciones y leyes penales a fi n de reducir los múltiples canales de operaciones corruptas por donde se fuga buena parte de los recursos públicos.
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