Tras el largo periodo –casi cuatro décadas- de guerra civil y regímenes autoritarios, Guatemala emergió a la reconstitución del régimen político con instituciones anacrónicas y un capital social muy debilitado. La primera etapa de la transición estuvo extremadamente marcada por la tensión ante el tutelaje militar que paulatinamente ha venido perdiendo protagonismo y sufriendo desprestigio, y, en contrapartida, por el pro-gresivo desbordamiento del poder oligárquico hacia el Estado y la inducción de las libertades civiles  a través del control de los medios de comunicación a favor del individualismo, el mercado como panacea, y el Estado y los políticos exhibidos como carga gravosa y fuentes de corrupción, por tanto, causas de atraso, pobreza y subdesarrollo.

Las organizaciones sociales extendidas de signo ideológico contestatario que se habían forjado en medio de la persecución política durante el periodo 1950-1980, que fue también la etapa de crecimiento económico basado en la incipiente industrialización por sustitución de importaciones y diversificación de la oferta de  agroexportación, fueron progresivamente sustituidas por asociaciones de víctimas de la represión y múltiples ONG que, en principio, fungían muchas de ellas como eslabones temporales del proyecto revolucionario. Pero conforme éste se fue diluyendo, se refugiaron y sobrevivieron como micro-proyectos de desarrollo, promoción de cultura indígena, formación y capacitación, y servicios varios.

La organización social se atomizó, los liderazgos se multiplicaron en pequeña escala y sólo alcanzaron relevancia nacional, algunos de ellos, como productos mediáticos. Se profesionalizaron, pero sus recursos dependieron casi exclusivamente del exterior, con lo cual la agenda que desarrollaron vino inducida desde fuera y el vínculo de legitimidad más fuerte ya no fue validado por las bases sino por los donantes. De esa forma, con aversión hacia el Estado, rechazo a los políticos y los partidos y sin ideologías explícitas ni organizaciones extendidas de base, se configuraron las corrientes progresistas de esta época.  Sin desapegarse a esos rasgos generales, como movi-mientos de alcance nacional han emergido los indígenas, las mujeres y los campesinos.

Los partidos políticos consiguientemente han perdido sustancia, identidad y arraigo. En el reemplazo de los partidos ideológicos y programáticos del periodo 1950 -1980  han emergido partidos mediáticos, sin programas ni ubicación precisa en el cuadrante ideológico, sin bases permanentes ni cuadros intermedios estables; y multiplican aquellos que se promueven como “fichas” en el mercado electoral. No es casual en-tonces que de los cuatro partidos vigentes –la alianza GANA, UNE, FRG y PAN- hayan sido promovidos por empresarios como reacción a gobiernos que salieron de su control y eventualmente quisieron contener su desbordamiento.

Es el caso del FRG y PAN creados en las postrimerías del gobierno de Vinicio Cerezo (1990), y GANA y UNE en la víspera del relevo del gobierno de Alfonso Portillo (2002). El  único partido posarbencista  que sobrevive,  la DCG, quedó  reducido  a su mínima expresión.  La URNG quedó a la zaga de unos acuerdos de paz que, al cabo de ocho años, muestran serios signos de desgaste.

En resumen, la fórmula de democracia, entendida como libertades civiles, y de promoción del mercado, aplicada como desregulación y liberalización comercial, antes que recuperar el capital humano y el capital social, fortalecer las bases productivas y robustecer el estado de derecho y las instituciones, la representación y participación, han devenido en un desequilibrio entre un poder económico cada vez más concentrado –fincado  especialmente en capitales  especulativos- y  un poder  político cada  vez más débil, desprestigiado, y acorralado por la cultura del escándalo promovida a través de los medios y la privatización de la inteligencia.

En condiciones de una “democracia unipolar”, las libertades civiles no se han extendido hacia los derechos económicos, sociales y culturales, y el movimiento social y las fuerzas progresistas tampoco han sido capaces de levantar agendas autónomas del empresariado aprovechando los espacios y libertades civiles, salvo, con limitaciones, la indígena, la de género y la campesina.